Venezuela y la libertad de expresión

No recuerdo una campaña semejante cuando Francia clausuró la cadena TF1, acusada de dudar del Holocausto, o el cierre de dos cadenas de televisión peruanas en abril por infringir la reglamentación. Chávez se equivocó. Tenía que haber retirado la concesión a RCTV hace años, por su intervención probada en el golpe de estado de Carmona. Marcel Granier, amo y dotado propagandista de RCTV, debía estar preso y condenado por la misma razón.El ordenamiento legal vigente en todos los países del planeta, incluidos los más atrasados, contempla que el espectro radioeléctrico es del dominio público. Por la vía de las concesiones, corresponde exclusivamente al estado esta atribución. Aquel espacio no pertenece a ningún particular ni puede heredarse. Quizá por ese motivo, nadie habló de ilegalidad, ataques contra la libertad de expresión o contra la propiedad privada cuando naciones como Francia, España, el Reino Unido, Perú, El Salvador, Canadá o Estados Unidos retiraron licencias a determinadas cadenas de televisión. Ni entraron en sus motivos, seguramente perversos en algunos casos. ¿En virtud de qué extraño criterio se hace una excepción con Venezuela? ¿Quizá porque muchos medios privados de comunicación restan como el último baluarte de la derecha extrema y el golpismo, tras las repetidas derrotas electorales? Más del 80% del espacio televisivo venezolano está todavía en manos del oligopolio mediático compuesto por un grupo de familias. El 78% de la estaciones de televisión en VHF son utilizadas por el sector privado, mientras que sólo el 22% corresponde al sector público. En la banda UHF, empresas privadas acaparan el 82%, el sector público el 7% y los operadores comunitarios el 11%. Según el informe de de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) conocido el pasado 27 de enero, “entre RCTV y Venevisión concentran el 85% de la inversión publicitaria en medios de comunicación, tienen el 66% del poder de transmisión, dominan las redes transmisoras y de difusión de la señal. Controlan el 80% de la producción y elaboración de mensajes y contenidos que se difunden en Venezuela”. Marcel Granier y sus mariachis, nacionales y extranjeros, pretenden asegurarse ese jugoso oligopolio eternamente, impedir la democratización de los medios y seguir conspirando.Granier miente. Nadie cierra su emisora ni atenta contra sus derechos porque no le renueven la concesión de un bien público. El espectro radioeléctrico no es suyo, así que tampoco cabe denunciar expropiación alguna. RCTV ofreció apoyo incondicional a un golpe de estado que enterraba todas las instituciones democráticas de Venezuela y a otras maniobras desestabilizadoras como el paro patronal de 2002, vulneró las leyes con publicidad encubierta, fraude fiscal e incumplimiento de las cuotas de producción nacional. A pesar de éstas y otras operaciones inaceptables, podrá seguir emitiendo libremente por cable, satélite o Internet. ¿Qué más quiere? ¿Pan, plátanos y perras para el cine? No. Pretende ampararse en su peculiar interpretación sobre la libertad de expresión, que intentó arrebatar en su día al conjunto del país, para aplastar la revolución bolivariana con los apoyos internacionales de siempre. ¡Qué cosas!

Rafael Morales