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La vivienda en Canarias, según Pablo

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Lo han intentado, y hemos de celebrar el intento del Gobierno de Canarias. Todo es justificable menos pasar la entera legislatura sin avances girando alrededor de sí mismo a la forma del sueño de la peonza de Carlyle, viendo cómo la cabeza estalla dentro de la cabeza. Ha sacado el Gobierno su norma para combatir la emergencia habitacional y lo ha publicado en el mismo boletín que anuncia la palabra desesperación. Es inevitable, Canarias es un pueblo de destino pospuesto.

Pero es una gran idea menos. El perro de Alcibíades, al que le cortaron el rabo para que se hablase de su rabo y no de otra cosa, una maniobra de distracción. En inglés encontramos la palabra justa, irrelevant, fuera de propósito.

Desde los sectores académicos se formulará una enmienda de demolición al decreto con la argumentación de que se trata del asesinato del planeamiento. Y sería esto así si no fuera porque el planeamiento urbanístico lleva bastantes años muerto. Hoy, el planeamiento es un catalogo de prohibiciones y casi nunca es una ilusión que propone espacios para la convivencia y la felicidad del ciudadano. Un plan general puede tardar diez años en perfeccionarse y el reloj de arena deja cualquier intento de planificación destartalado después de tantas modificaciones e infinitos retoques. No hay paciencia para tanta desesperación.

Hace pocos meses yo mismo proponía que lo primero que había que hacer para disponer de viviendas era no tenerle miedo a romper las costuras al planeamiento y pensaba que el sastre tendría tijeras receptivas y con sentido común. Romper las costuras del planeamiento, por malo que este sea, supone un sacrificio solo justificable si lo es a cambio de resultados relevantes. Un resultado relevante es disponer de un sector renovado de la economía, el sector de la vivienda, y no un listado de suelos disponibles. Pero con esta forma de atacar la emergencia habitacional podremos tan solo destruir tejidos urbanos de cierta calidad y suprimir espacios importantes reservados para el ciudadano a cambio de un puñado de viviendas que tendrá una resultante sólo paliativa.

Hemos de entender que la iniciativa privada es insuficiente y la pública ineficaz. Pero aumentar la renta del ciudadano que es exigible para acceder a una vivienda protegida en un 15% no cambia ni la oferta ni la demanda. Retocar el precio al que un promotor puede vender la vivienda no afecta ni a la oferta ni a la demanda. Este decreto tiene dos asignaturas, proporcionar suelo y crear la economía que active la oferta y la demanda. No solo la oferta, también la demanda. Pero este decreto solo se presentó al examen de la primera asignatura, a la del suelo, y no a la de la economía.

No se ha adentrado de forma resuelta este decreto a picar piedra en el mundo de la economía, nada va a ser distinto en el acceso a la financiación y en la fiscalidad, vectores principales y centro de gravedad del problema. Lo han intentado, pero de forma desviada. Puede que vengan más daños que beneficios. Es seguro que vendrán menos certezas que incertidumbres. Recordando a la figura literaria del hombre superfluo, si hay que morir, que sea en primavera.

Pregunten en primavera cuántos promotores, públicos o privados, han resuelto sus dudas y se han decidido a promover viviendas, cuando antes no lo hacían por falta de suelo. Pregunten al ciudadano necesitado de vivienda si este decreto ha cambiado sus condiciones objetivas para aspirar a una vivienda en régimen de protección. La conclusión será, así lo entiendo yo, que no hemos avanzado, pero a lo peor aparece un puñado de viviendas en un sitio donde hace tiempo alguien decidió con buen criterio que debía ubicarse otra cosa. Otra cosa hubiera sido activar medidas para que la oferta avance y para que la demanda lo haga de forma similar. Y entonces el decreto sería útil para dotar de impulso al obstáculo de la falta de suelo.

El decreto llama a los cabildos a participar en la tarea. Pero no lo hace de forma que los cabildos socorran al proyecto en función de un modelo isla, que establezca un modo de asentarse en el mapa de forma que se promuevan viviendas lejos de los polígonos de áreas metropolitanas y cerca de rincones de cada isla donde las inversiones ya realizadas en infraestructuras y dotaciones ofrezcan un potencial de calidad vida a las personas a las que le toque vivir en esos rincones. Así los cabildos podrán proponer y dejar atrás los PIO concebidos lejos de formular un ideal de isla y cerca de ser otro catálogo de prohibiciones.

Si construimos un paquete de viviendas todo esto es un epifenómeno. Pero si son tantas las viviendas construidas que pasamos a ser una sociedad de pequeños propietarios, esa propiedad de vivienda protegida puede convertirse, previa su titulización, en algo más, en un recurso que tiene el tenedor de una vivienda para aparte de disfrutar de su derecho constitucional encarar coyunturas familiares. Pero esto no va pasar. Es un anexo novelesco a este escrito.

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