Pero no hay mal que por bien no venga. La polémica desatada por el viaje de Juan Carlos I a cazar elefantes a Botsuana ha resucitado un debate larvado que, seguramente también por la crisis, ya no es un tabú. Hubiera o no coincidido con el 81º aniversario de la Segunda República, es obvio que esa polémica se reavivó con el descubrimiento de las andanzas de Iñaki Urdangarín y, más que probablemente, su esposa, la infanta Cristina. Unas andanzas que vinieron a revivir las que un núcleo muy selecto de allegados al monarca protagonizaron hace unos años al amparo del enigmático Manuel Prado Colón de Carvajal, administrador de los negocios del Rey durante dos décadas. La prensa anda dividida entre levantar el velo de la Casa Real y conocer cuáles son sus negocios, cuáles sus propiedades, cuáles sus intereses y cuáles los que ha defendido para beneficio de otros, o continuar protegiendo una de las intocables esencias de la transición democrática en la creencia de que la violación de esos secretos pudiera llevar aparejada la revelación de alguna vergüenza nacional convenientemente ocultada durante estos treinta y pico años. La transparencia es la solución. Y no vale la abdicación porque el Rey Felipe habría de apechugar con las mismas insoportables dudas, con la insoportable incertidumbre de cuándo va a saltar el siguiente escándalo.