Esos analistas entienden que la denuncia presentada por la Caja Rural de Canarias contra la Caja General de Ahorros está en el bollo del cogollo del meollo de la inspección. Puede parecer lógico si se tiene en cuenta que la Rural demandó a los colegas chichas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia (Ministerio de Economía y Hacienda) por las escaramuzas realizadas con la muy honorable intención de absorber a la entidad canariona por las buenas o por las malas. Por las buenas no pudieron porque ni siquiera se llegaron a establecer negociaciones, y por las malas lo intentaron llevándose consigo a unos cuantos empleados de la entidad, empezando por el ex director general y terminando por unos cuantos directores de oficina. Tan llamativo fue el ataque que hasta el subgobernador del Banco de España hizo una llamada de atención a CajaCanarias para que desistiera de tan ruines artes bancarias. La cosa internamente tampoco ha resultado muy positiva que digamos. Por ahí circula un comunicado de la sección sindical de Comisiones Obreras en la Caja General de Ahorros en la que llama la atención sobre esa escaramuza y sobre la categoría profesional de los fichajes, algunos de los cuáles llegaron a su nuevo destino con suculentas multas del Banco de España bajo el brazo, según resaltan.