Dice Soria en su escrito a la Audiencia Provincial que la sentencia que le condena a las costas por el caso chalet “parte de un equívoco inicial, de carácter estructural y objetivo: (...) la acusación dejo nítidamente claro que no se consideraban delictivas las informaciones y críticas sobre el alquiler del inmueble [vivir gratis en el chalet del empresario Javier Esquivel], los medios de pago utilizados, los recibos [los famosos recibos de chicha y nabo], ni las opiniones sobre la realidad o no del abono del arrendamiento”, sino “las afirmaciones en las que se decía que el señor Soria había dado instrucciones para evitar que la empresa pública Megaturbinas de Arinaga S.A. se presentara al concurso [eólico]”. Sin embargo, en la querella de Soria puede leerse que los periodistas le acusaron de haber cometido los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho “al afirmarse que mi mandante, desde su cargo público, realizó actuaciones ilícitas perjudiciales para el interés público en beneficio de una persona a quien se sostiene no le pagaba renta por vivir en un chalet de su propiedad”. O sea, que desaparece la acusación de calumnia por cohecho. No está mal.