Esta sentencia absolutoria, además, tendrá inmediatas consecuencias administrativas, derivadas del expediente disciplinario abierto a José Antonio Martín por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces incoó expediente sancionador cuando se descubrió el comportamiento del ex presidente de la Audiencia, pero dejó en suspenso la resolución hasta que existiera sentencia firme en la causa penal, cosa que acaba de ocurrir este martes. Ahora toca que el CGPJ levante la suspensión cautelar que impuso al magistrado por un periodo de seis meses (que ha ido prorrogando hasta ahora) y, a continuación, dictar una resolución sobre la sanción. Tendrá que darse prisita el Consejo, porque como tarde más de un día desde que levante la suspensión cautelar hasta que imponga sanción, en su caso, el magistrado puede incorporarse a su puesto. Y su puesto es el de presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la encargada de juzgar de inmediato el caso Eolo y el asesinato de Iván Robayna.