Cuando se inicia un expediente administrativo de modificación de ordenanzas éste ha de concluir satisfactoriamente y sin contravenir el ordenamiento jurídico, porque de lo contrario peligra hasta la credibilidad de las anteriores, y desde luego queda en evidencia el objeto invocado para la modificación. Una de las exigencias para una correcta tramitación es, precisamente, contestar las alegaciones en tiempo y forma o, en su caso, incorporarlas al articulado. De no haber alegaciones, las nuevas ordenanzas entrarían en vigor, cosa que no ha ocurrido, no sólo porque hubo alegaciones no tramitadas (las nuestras, que éramos la empresa editora de Metro Canarias), sino que aquellas ni siquiera fueron contestadas o incorporadas al texto municipal. La confirmación de que la tramitación fue defectuosa la tiene la constatación de que las nuevas ordenanzas no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, ni incorporadas a la web municipal, que sigue publicitando las de 1986. Nadie ha dado la menor explicación porque saben que cualquiera sería ridícula.