Cuando en agosto de 2008 denunciamos a José Manuel Soria ante el Tribunal Superior de Justicia lo hicimos tras una profunda meditación que nos condujo a actuar como creíamos que debíamos en consciencia. En mayo 2009, diez meses después, el TSJC decidió que aquel comportamiento del vicepresidente del Gobierno en el llamado caso Salmón no constituía delito. Hoy seguimos opinando lo mismo, que un político no debe aceptar este tipo de dádivas cuando de su decisión depende lo que el dadivoso pretende. No compartiremos nunca la resolución del alto tribunal canario, que también llegó a afearnos que denunciáramos al mismo político por el llamado caso Chalet. Lo ocurrido en Valencia con un caso similar, el de los trajes regalados al presidente Camps, nos sigue dando la razón. La inmensa mayoría de nuestros lectores han estado de nuestro lado en estos y en otros casos en el que nos hemos implicado. Por desgracia, los asuntos del señor Soria no han sido los únicos que han puesto en entredicho la decencia de algunos políticos canarios. El estallido del caso Unión, una organización criminal dedicada a la corrupción política más desvergonzada y obscena, no ha hecho otra cosa que confirmar que ese modo de operar está más enraizado de lo que muchos quisieron creer.