Y hablando del momento procesal oportuno. El Gobierno de Canarias ha cumplido su advertencia de recurrir ante el Tribunal Supremo las autorizaciones a Repsol, lo que significa que ya se conocen con mayor grado de concreción sus argumentos jurídicos. Tras su lectura se consolidan las sospechas de que alguien ha tratado de asegurarle a la petrolera unos derechos a los que agarrarse en el caso de que la Justicia anule el decreto soriano por un asunto tan básico como es el de la caducidad de los permisos que el Ministerio de Industria se ha limitado ahora sencillamente a convalidar. La convalidación evita una nueva convocatoria pública de ofertas, lo que hubiera obligado a Repsol a competir en momentos muchos más hambrientos que hace una década. Pero convalidad una concesión caducada da muchas bazas al Gobierno de Canarias, que ha atacado por ahí. Sólo pensar que los servicios jurídicos del Estado no hayan advertido de estos extremos pone los pelos de punta. A no ser que la advertencia haya sido desoida, que de todo puede haber en este culebrón con tantas idas y venidas.