Los hay peores, que conste. No sólo tiene problemas el concurso de frecuencias de radio de Canarias, ese que ha puesto a don Pepito en pie de guerra y a un montón de empresas de comunicación en actitud de cabreo contenido y sostenido con el Gobierno de Paulino Rivero. En la Comunidad Valenciana las cosas pintan aún peor. El concurso en cuestión lo convocó el Gobierno de Paco Camps en 2007, y tras tenerlo en remojo cuatro años y pico, el pasado viernes el nuevo presidente, Alberto Fabra, decidió anularlo y convocar uno nuevo tras detectarse una serie de presuntas falsificaciones en la documentación presentada y ante el riesgo cierto de que todo resulte finalmente contaminado. Según la prensa levantina, en el bollo del cogollo del meollo vuelve a estar el bufete madrileño de abogados Díez & Romeo, al que han trincado otra vez por la & al descubrir que presuntamente falsificó la firma de algunos profesionales y hasta de sus clientes en las ofertas que presentó el concurso. El caso ya se está instruyendo en un juzgado a instancias de la Fiscalía, a la que se remitió la documentación para que actuara en consecuencia. Resulta curioso observar que algo muy similar ha ocurrido en Canarias con el mismo despacho de abogados y con el mismo modus operandi, la presunta falsificación de documentos presentados a concurso público.