En el Tribunal Supremo de España (y perdón por la enjundiosa precisión) un magistrado de la Audiencia Nacional, de nombre Baltasar Garzón, está a punto de sentarse en el banquillo acusado de prevaricación por haber ordenado, con el respaldo del Ministerio Fiscal y la bendición posterior de otros magistrados, la intervención de las comunicaciones entre abogados e imputados de la trama Gürtel. El polémico juez ha sido procesado por una interpretación claramente excesiva del delito de la prevaricación, consistente en tomar una decisión injusta a sabiendas, y por más que ha intentado demostrar al alto tribunal que lo único que trataba de impedir era la evasión del dinero robado y blanqueado por la trama corrupta nacida y ensolerada al calor del PP, el juez instructor no le ha hecho ni puñetero caso. Así que, si es inocente o culpable, habrá de ser un tribunal en un juicio con las garantías suficientes quien lo resuelva. Le ha bastado al perseverante instructor de la causa haber hallado lo que considera indicios suficientes de la comisión de un delito para tarifar a Garzón por la vía de en medio. Aquí, en este asirocado vergel de belleza sin par, teníamos hasta esta semana un asunto de similar enjundia que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Fernando de Lorenzo, se ha despachado con un sobreseimiento imposible de entender. O de digerir.