Cortezo ha intentado sacudirse el problema de los chalets de Hoya Pozuelo a través de varias vías, unas de marcada intencionalidad legal y otras mediante ese estilo que él tiene de intentar que sus desmanes los paguen las Administraciones públicas. En el primer lote debemos incluir su intento de salvar los chalets mediante unas salvedades permitidas en un disposición transitoria de la Ley de Costas, pero el Ministerio lo denegó por imposible encaje legal. El segundo intento, que sólo tuvo carácter informal, estuvo dirigido a que el Ayuntamiento de Telde, donde se encuentra la urbanización afectada, colaborara con el promotor recalificándole un suelo cercano a la promoción para obtener mayor edificabilidad y cediendo una pieza colindante de titularidad municipal. En el Ayuntamiento le contestaron que ni lo pidiera por escrito, que no está Paco Santiago ni los suyos para un chanchullo con el patrimonio municipal para salvarle el pescuezo a un promotor desalmado. No hay que descartar la posibilidad de que el consistorio se persone en la causa por estafa para salvaguardar los intereses públicos, no vaya a ser que en una de éstas la cosa le salpique por haber otorgado licencia de obras, por mucho que el promotor la ejecutara como le dio la real gana. Porque licencia de primera ocupación no tienen los chalets afectados por esta presunta estafa.