Dice la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria que la medida no sólo es disparatada sino ineficaz, que generará inseguridad jurídica, judicializará las relaciones laborales en la Administración y degradará aún más la función pública canaria. Si con ella se pretende disminuir el absentismo, aumentar la productividad o combatir el fraude, recuerda la asociación, podría darse que los pícaros limiten sus episodios de baja a menos de tres meses, pero por el contrario, podría producir que los verdaderamente enfermos se incorporen con sus padecimientos a sus puestos de trabajo para no ver mermados sus recursos partir del tercer mes. Por cierto, que es necesario recordar que evitar el uso indebido de la baja laboral y el fraude es tarea de los médicos de familia, los médicos de las mutuas, los inspectores del INSS, los inspectores médicos del Servicio Canario de Salud y de la Inspección General de Servicios. “Un empleado público puede llegar a ser revisado por tres inspecciones médicas distintas durante su periodo de baja laboral”, asegura la asociación.