El juez César Romero Pamparacuatro ha dejado en libertad sin fianza, pero con los cargos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, a quien fuera consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez-Batllori, detenido el viernes con gran aparato mediático. Batllori puede considerarse, por el momento, la pieza de más rango político de cuantas han sido salpicadas por la operación Unión y su pieza separada, la operación Jable, si descartamos, claro, a Dimas Martín, el capo di capi de ambas tramas, a decir de la Guardia Civil. Batllori no es, efectivamente, un personaje cualquiera, pero no sólo por esos cargos públicos que ocupó, a los que ha que sumar los de diputado regional y gerente del Polígono de Jinámar. Además, ha ejercido de factótum de José Miguel Suárez Gil, ex presidente de la Cámara de Comercio, para todo el trajín de empresas, epígrafes fiscales y votos por correo que hayan tenido o tengan que ver con las elecciones a esa corporación en la isla de Gran Canaria. Para dedicarse a esa tarea con plena entrega, Batllori había pedido a finales de marzo pasado dos meses de licencia (sin sueldo) en su nuevo destino como funcionario de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.