Lo de Grinich fue, desde luego, la comidilla del día, que en lo político se le encharcó por entero al ministro Soria con el informe del comité científico Man and Biosphere (MaB), de la Unesco, sobre el impacto ambiental de las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura y los potenciales efectos de vertidos en el caso de llegarse a la extracción. El destrozo propinado a las tesis del Ministerio de Industria y de su protegida Repsol ha sido total y absoluto, lo que unido a las 2.600 alegaciones presentadas al estudio de impacto ambiental, cuyo plazo formal acababa ayer (el Gobierno canario opina que acabará en octubre), complica bastante los planes petrolíferos del Gobierno central y del partido que lo sustenta. No ya porque haya de responder con fundamento a las alegaciones, a las que ya verán que ponen una respuesta estándar repartida como churros, sino porque dar vía libre a unas prospecciones cuyos negativos efectos vienen relatados por un informe asumido por tres ministerios del mismo Gobierno se aproximaría bastante a la prevaricación. Prevaricar, recordémoslo para los despistados, es dictar una resolución injusta a sabiendas, y si un informe científico respaldado por tres ministerios concluye que las prospecciones y un potencial vertido “perjudicarían ecosistemas con valores naturales de gran interés y rica biodiversidad marina con daños que se extenderían al ámbito económico y al bienestar de la población”, dictar una autorización permitiendo esos riesgos es injusto y premeditado.