Debemos descartar que las críticas efectuadas por Nueva Canarias a la adjudicación de un proyecto de 51.000 euros del Consorcio de Rehabilitación Turística respondan a su intención de presionar para estar en la junta directiva de esa entidad, porque eso equivaldría a utilizar las mismas tácticas groseras del PP: imputa y luego impugna, y que se aguanten los que resulten damnificados por la insidia. Porque si así fuera, estaríamos ante una resurección de prácticas antidemocráticas inadmisibles en un pacto de corte progresista. Lo deberíamos descartar si tenemos en cuenta que ya desde febrero el PSOE pidió en el Consorcio que se diera entrada a un representante más del Cabildo (ya tiene uno), precisamente para atender a la realidad política de esa Corporación. Pero, ¿para qué quiere realmente tener un representante más Nueva Canarias? ¿Es que acaso no se fía de su alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana (un representante en el Consorcio) ni de su socio, el PSOE, que tiene dos representantes del Estado y uno del Cabildo? ¿Es que quiere recuperar el modelo de contrataciones que ya utilizara con singular éxito en obras emblemáticas como el Estadio de Gran Canaria o el Hospital Doctor Negrín?