El 'caso Turismo' ya dio algunas pistas

El estallido del caso Turismo en 2006 (la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la desaparición de expedientes sancionadores) puso de manifiesto el cachondeo que reina en algunos departamentos de la Administración autonómica en relación con las actas de inspección y las multas que se tramitan en el Gobierno. En su declaración ante la Justicia, un jefe de servicio llegó a reconocer que existía un grave problema de descontrol y de catalogación de los expedientes, que se custodiaban de cualquier manera en armarios sin llaves a los que podía acceder cualquiera que, lisa y llanamente, los quisiera hacer desaparecer. El estupor de la Policía y de la juez que hicieron un registro en la Consejería de Turismo en Las Palmas de Gran Canaria fue mayúsculo al comprobar que los tres expedientes que reclamaron, referidos a sanciones contra agencias de viajes, se habían volatilizado. El registro sirvió también para comprobar que se habían reconstruido algunos expedientes que aún no habían caducado y que un recurso contra una sanción había sido enviado desde el interior de la propia consejería.