Pero si la querella del Soriagate aparece cargada de pruebas prefabricadas que invitan claramente a denunciar al vicepresidente del Gobierno por denuncia falsa y por un delito contra la administración de justicia (amedrentar e intimidar a un testigo de cargo de una instrucción por corrupción del PP), no hay que despreciar el llamativo dato del poder notarial que se emplea para presentar tal acción judicial. Es un poder otorgado por el PP nacional para diversas actuaciones ante la Justicia, incluida la querella de marras, pero en ningún momento encontramos una certificación notarial o propia por la que se pueda verificar que algún órgano directivo de ese partido haya acordado la interposición de la referida acción penal contra los cuatro policías y los dos periodistas. Debemos entender que fue un arranque de Soria, de esos suyos de él, que fue seguido por algún mando nacional pepero, que sin encomendarse a los procedimientos habituales, autorizó que se interpusiera la querella en nombre del PP. Luego, si hay consecuencias, las acarreará el PP nacional.