El plan riveretxe, en feliz denominación acuñada por el incombustible Santiago Pérez, podría presentar algunos artículos de claro corte inconstitucional, de lo que se ha percatado a estas alturas el también inquieto Miguel Cabrera Pérez-Camacho. El portavoz del PP conoce la postura nacional de su partido sobre este tipo de soberanismos, y tendrá que convencer a su jefe, José Manuel Soria, del error de haber apoyado una iniciativa que partió unánimemente del Gobierno donde ese líder se sienta. El Consejo Consultivo fue determinante cuando, constituido en ponencia el pleno de este organismo en un gesto inusual, determinó que el Ejecutivo confundía la participación ciudadana con la participación política, consagrada en la Constitución a través de su artículo 23, y traducida en la participación en los procesos electorales, la iniciativa legislativa popular y la participación en referendos estatales. Pero el desarrollo de ese y el resto de derechos fundamentales no es competencia de las comunidades autónomas, lo que ya tiene claro el diputado Pérez-Camacho, que pondrá en un brete al pacto que sostiene su partido con CC.