Nadie ha podido darnos noticia de la suerte que ha corrido el informe elaborado el pasado mes por las dos fiscales que visitaron La Trinidad, si es que han evacuado informe o cualquier otro documento susceptible de judicializar la causa. Tampoco nos consta que haya algún juzgado instruyendo las oportunas diligencias, o que a las denuncias presentadas ante el Gobierno (de las que damos cuenta hoy) se hayan sumado otras en sede judicial o ante el Ministerio Público. Lo que sí tenemos confirmado es que el centro sigue abierto y que su propietario y el hermano de éste han sido señalados por testigos presenciales de ser sospechosos de cometer abusos sexuales en la persona de una de las señoras allí atendidas. Los testimonios son espeluznantes porque describen cómo estos dos sujetos se presentan a menudo borrachos en la residencia de mayores y, al menos uno de ellos, se da a los tocamientos con una mujer de unos 60 años que padece una demencia. El propietario y su hermano incluso han llegado a presumir de tener drogados a sus clientes allí acogidos. Los mismos testimonios apuntan al fallecimiento de al menos un residente penosamente atendido en las semanas previas a que estallara el escándalo provocado por el reportaje de Mercedes Milá. Ni el Gobierno ni la Fiscalía han hecho nada por cerrar el centro, lo que nos lleva a sospechar lo mismo que sospechamos en su día: que la Fiscalía no quiere incordiar al Gobierno y a éste le importa exactamente una higa lo que ocurra en una residencia privada de la que es responsable administrativo.