También se lleva el correspondiente tirón de orejas el Gobierno de Canarias en sus pretensiones sobre lo que el proyecto de Ley de Fomento de la Participación de Canarias llama “consultas a la ciudadanía”. Además de recomendar a los redactores de la ley que utilicen el lenguaje de manera más precisa y llamen “sondeos de opinión o encuestas” a ciertas consultas que aparecen en el texto enmendado, el Consultivo recuerda al Gobierno que hay consultas populares que el Tribunal Constitucional ha colocado en su sitio por no poder “ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio democrático al entrar en colisión con competencias atribuidas a otro ente”, esto es, el Estado.