Que las empresas públicas canarias han sido un auténtico coladero lo evidencia el mismo informe, referido a 2008 y concluido a finales del pasado mes de mayo: de las 59 contrataciones realizadas ese año, once se hicieron sin garantizar los principios de mérito, capacidad y concurrencia, es decir, por la jerola del jefecillo de turno. Quizás les pueda parecer una proporción exigua, pero han de tener en cuenta que para entonces ya se habían cursado muchas circulares y formuladas muchas denuncias, y aún así el 20% de las contrataciones se hicieron de manera ilegal. Es una de las muchas anomalías detectadas en este informe, que no es el primero que se realiza desde la Consejería de Economía y Hacienda, siempre con el mismo resultado: muchas ilegalidades, muchas conclusiones escandalosas, muchas recomendaciones y todo sigue igual.