El disparate de esta denuncia, la primera de las diecisiete (incluyendo ampliaciones y otras masturbaciones mentales) que acaba de archivar el juez Martín, incluye todo tipo de hipérboles, elipses, retruécanos, hipérbaton, pleonasmos y fantasmadas, torpemente colocados para hacer confluir cualquier actuación policial, fuera buena, mala o regular, hacia esa muy particular y esquizofrénica teoría de la conspiración. No podía faltar lo que el abogado Sánchez Limiñana llama “conversaciones privadas del presidente del Gobierno de Canarias”, que no son otras que aquellas que la Policía detectó en el marco de la operación Góndola durante el tiempo que tuvo intervenidos varios teléfonos por orden judicial. El denunciante llega a decir que “la detención e intervención telefónica de algunos imputados tuvo como objeto introducir conversaciones de altos dirigentes autonómicos con el objetivo de filtrarlos a la prensa y obtener réditos electorales”. ¿Creen ustedes que el denunciante aporta una sola prueba para avalar mínimamente esta afirmación? Pues no, a lo más que llega es a afirmar que todo responde al “uso de su particular percepción”, suya propia del policía denunciante y su peculiar abogado. Y se quedaron tan frescos, oiga.