La pirula de Antonio Castro consistió en tratar de colarle a la Mesa del Parlamento un acuerdo según el cuál la Cámara se personaría en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno de España contra la Ley Canaria de Transportes por Carretera. Es una ley elaborada y ensolerada durante el tiempo en que Castro fue consejero de Infraestructuras y Rosa Dávila directora general de Transportes. Por lo tanto, Castro se ha visto herido en su orgullo de legislador y ha pretendido incluso saltarse la actual tendencia del Gobierno canario, inclinado a negociar con el del Estado los aspectos que éste rechaza, particularmente referidos a los tacógrafos de los vehículos industriales. Pero nuestro Antonio, tan suyo él, iba a montar la guerra por su cuenta.