Entra en una nueva y decisiva fase el caso de la presunta estafa de los chalets de Hoya Pozuelo, aquellos que el promotor inmobiliario Jaime Cortezo vendió a un grupo de familias a sabiendas de que sobre algunos de ellos pesaba una sentencia firme que ordena la demolición por invadir servidumbre de protección afectada por la Ley de Costas. Y decimos que se entra en una fase decisiva porque la juez Ana de Vega ha decidido sentar en el banquillo por un presunto delito de estafa al empresario, a su esposa, Elena del Castillo, y a varios empleados de la empresa promotora que vendió con engaños esos chalets. Hasta ahora Cortezo había esperado a que pudiera producirse una solución que le evitara tener que sentarse en el banquillo a responder por un presunto delito por el que le pueden condenar a penas de uno a seis años de prisión, y es a partir de estos momentos cuando tendrá que pensar en soluciones que le eviten a él y a su esposa, sobrina del conde de la Vega Grande, tan desagradable trance. La primera solución para que los querellantes puedan desistir y no presentar escrito de acusación es indemnizar a la docena de estafados restituyéndoles el dinero que pagaron por esos chalets, cantidades que se sitúan entre 180.000 y 300.000 euros por inmueble. La segunda, ofrecerles propiedades equivalente en la promoción cercana que Cortezo está intentando vender, Hoya del Pozo... Aunque siempre tendrá la opción de enfrentarse a los hechos y sostener su inocencia y la de los demás imputados ante un tribunal.