Carlos Figueroa, el portavoz del PP en Puerto del Rosario, sabe mucho de estafas y de fraudes, no en vano conoce de cerca las trapisondas que su partido ha venido haciendo desde el Patronato de Turismo de Fuerteventura, donde se han detectado sospechosas operaciones en dirección a la financiación irregular de esa fuerza política y al pago ilegal de gastos particulares. En esa vertiente cabe incluir, por ejemplo, algunos pagos a un concejal popular de Puerto del Rosario propietario de una agencia de publicidad y la factura que ese organismo dependiente del Cabildo abonó a una casa de alquiler de coches por el vehículo que utilizó en una visita privada a la isla el secretario general regional, Manolo Fernández. Y lo que queda por aflorar de la gestión de la presidenta insular del PP majorero, Águeda Montelongo, más preocupada por el aspecto de sus cargos públicos que por velar por el buen uso de los fondos públicos del Cabildo. Es muy libre por lo demás el señor Figueroa de presentar cuantas denuncias considere oportunas con el fin de taparle las vergüenzas a Aguedita y al PP, pero habrá de estarse a las consecuencias que provoquen sus actos cuando son torticeros y punibles. El lunes le meten su correspondiente querella, para que vaya haciendo boca.