La funcionaria Rosario Navarro ocupa plaza en la Academia Canaria de Seguridad sin someterse a las exigencias constitucionales de capacidad y méritos, y rebasando con creces los topes que permite la Ley de Función Pública de Canarias de la que es directa responsable la Consejería de Presidencia, de la que depende el organismo en cuestión. No es el único caso en la Administración Canaria, por supuesto, pero este reviste características especialmente sangrantes por tratarse de la hermana de una responsable política que cada vez que tiene ocasión -incluida la tribuna parlamentaria- afea a los demás comportamientos que ella considera poco éticos. Ya se sabe que suelen ser los más conspicuos defensores de la moralidad y las buenas costumbres los primeros que se tragan sus propias vigas sin el menor sonrojo. Como la que se viene tragando con mucha solvencia la viceconsejera de Justicia, Carolina Déniz, que también mantiene a su hermana María Isabel en un puesto familiar en la misma Academia Canaria de Seguridad. Pero si a la señora Navarro puede atribuírsele cierta actividad profesional y el muy noble ejercicio de fichar (al menos al entrar), la ex alcaldesa de Arrecife se comporta como si el salario que cobra cada mes le correspondiera por indicación divina. Vamos, que no pega un sello, ni ficha ni padece.