No nos dejarán de sorprender las cosas que ocurren en el Gobierno de Canarias en relación con la política energética (de haberla) y más concretamente con asuntillos como la regasificación o el concurso eólico. Este último, como saben, ha vuelto a quedar suspendido por una resolución judicial que el Gobierno ha decidido no recurrir, muy al contrario, su anunciado propósito ha sido volver a sacar un nuevo concurso con informe del Consejo Consultivo y todo. Un detalle. Sin embargo, no sabemos si Miguel Becerra no se precipitó un poco al anunciar la suspensión de ese concurso sin medir exactamente las consecuencias que habrá de tener tal suspensión para las arcas de la nacionalidad. Nos referimos concretamente a la reclamación de indemnización por parte de las empresas concursantes, que, además de las fianzas depositadas en balde, han tenido que pagar costosísimos proyectos.