Pues sí, aunque parezca paradójico, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias no han actuado en este caso como defensores del interés general, sino como defensores de sus dos altos cargos imputados, la mencionada Lourdes Quesada, secretaria general del Servicio Canario de Salud, y su superior directo, Guillermo Martinón, ambos cargos de confianza colocados por el Partido Popular. Es lo normal, que la Administración defienda a sus funcionarios, pero resulta chocante que en este asunto en el que claramente se iba a producir un quebranto al interés general, los abogados de la Comunidad Autónoma hayan tenido que dedicarse a defender a los que, supuestamente, estaban atentando contra ese bien superior para beneficiar claramente a un particular. Más explicable resulta esta paradoja si tenemos en cuenta que en el caso en cuestión confluyen otros compadreos como los que tenían lugar en la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias, de la que era asesor legal el muy mentado Javier Artiles. Porque la tal Gestión Sanitaria de Canarias la presidía José Miguel Ruano, a la sazón consejero de Presidencia en aquel Gobierno con Soria, y ocupaba la vicepresidencia Mercedes Roldós, consejera de Sanidad por el tercio del PP. Y el gerente era nada menos que Luis Molina, actual subdelegado del Gobierno en Las Palmas y hombre de la confianza de José Manuel Soria para los trabajos especiales. De GSC salieron cosas grandiosas, como aquellos concursos de ambulancias que fueron recurridos y denunciados ante la Justicia con el resultado de alguna que otra imputación penal que también fue diligenciada por el omnipresente Javier Artiles Camacho. Y tiro porque me toca. Ruano y Soria, con Luis Molina en medio, un cóctel imposible de investigar.