Guillermo de la Barreda no es un médico cualquiera. A lo largo de su trayectoria profesional, vital y política se ha caracterizado por llamar a las cosas por su nombre, por implicarse en la defensa de la sanidad pública. En esa postura, no ha parado de participar en todo tipo de debates, charlas, movimientos ciudadanos y cualquier iniciativa que tuviera eso como objetivo. Ha sido hasta hace poco miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE, y ahora mismo, vocal del Consejo de Administración del Consorcio Sanitario de Tenerife a propuesta del Grupo Socialista del Cabildo. Y si fuera poco el bagaje, encima tuvo la desdicha de padecer, junto a su ya fallecida madre y su hermana, aquella enojosa polémica de ampliación del Parlamento de Canarias. Él y su familia demandaron a la institución por la ahora declarada ilegal expropiación producida para la ampliación del edificio de la Cámara. La Justicia ha obligado al pago de una fortísima indemnización, lo que automáticamente descarta que este médico quiera seguir en el tajo por motivos económicos. Le gusta y defiende la sanidad pública, pero eso parece que no se lleva