Va a ser que no, va a ser imposible tener una campaña electoral sin sobresaltos judiciales, tal como planteó hace unos días la presidenta del PP grancanario, María Australia Navarro, en el acto de presentación de gran parte de los candidatos de ese partido en la isla. Porque fue terminar de decirlo y, acto seguido, empezar a aparecer en la prensa nacional noticias relativas a las hazañas de unos alcaldes del PP en la Costa da Morte, o sobre los conocimientos gürtelianos del señor Agag, yerno todo él de ese político que cada vez se parece más a Julio Iglesias. En Canarias también hay susto judicial metido en el cuerpo de los peperos porque, confirmado que no habrá juicio por Faycán o por Eolo antes de mayo, quedan abiertos dos frentes de imprevisibles consecuencias: el caso Lifeblood y el caso Canódromo, ambos enlazaditos entre sí por la presencia de la misma empresa inmobiliaria que dio un pelotazo de nueve millones de euros en la etapa de Soria como alcalde de LPGC. En algunos despachos, incluso oficiales, se trabaja con ahínco en la búsqueda de soluciones que permitan canalizar al menos el de la hemodiálisis por conductos pacíficos porque la admisión de la denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el bloqueo decretado para este caso sobre la Fiscalía Provincial eran elementos inesperados para los sesudos analistas y asesores judiciales de la casa.