Ni los jueces ni los fiscales ni los funcionarios adscritos a la Administración de Justicia en Canarias son conscientes todavía de la extraordinaria calidad del programa Atlante II, de las inmensas posibilidades que atesora, de lo felices que van a ser una vez aprendan a amarlo. Resultan cuanto menos ingratos los comentarios y críticas dirigidos a desacreditar tan maravillosa aplicación informática, elogiada por el mundo entero y sólo descalificada por quienes lo único que tienen es envidia cochina por no haber sido capaces de aprender a cambiar una puñetera contraseña. Y si se ha colado una certificación de causa secreta a un presunto delincuente investigado en un sumario de mucho calado, es porque “la posibilidad de acceder a todas las causas pendientes de una persona es una de las novedades del Atlante II”, lo que “supone un gran avance para el trabajo que se realiza en los juzgados”. Las dos frases entrecomilladas son traslación literal de lo respondido por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad (sic) a requerimiento de este periódico. Queríamos que nos explicaran cómo fue que se produjo esa fuga de información sensible, y eso es lo que nos han contestado oficialmente. No sin dejar de añadir que “en cuanto al caso de referencia, una vez que se tuvo conocimiento del hecho se solucionó de inmediato”. Lo solucionaron con gran destreza los funcionarios del juzgado afectado, que si no, la operación se hubiera ido a tomar por saco. Con perdón. ¿Reconocer un error? Eso se deja para los débiles.