Tres años y un día de prisión, inhabilitación especial por el mismo tiempo para la actividad de la construcción; multa de 24 meses y un día a razón de 60 euros de cuota diaria y demolición de las obras ilegalmente realizadas. Esa es la condena comunicada este jueves al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por la Audiencia Provincial de Las Palmas, ante la que el empresario había recurrido. Se trata de la sentencia por un delito ambiental más dura de cuantas se han conocido en Canarias y equivale prácticamente al máximo grado previsto en el Código Penal, que tiene de tope los cuatro años de prisión para casos extremos de destrozos ecológicos graves e irreparables. La primera pregunta que a todo al mundo asalta al conocer tan ejemplarizante sentencia es qué obras del demonio hizo Miguel Ángel Ramírez para merecer una condena tan alta. Y la respuesta la hemos encontrado en el barrio de La Milagrosa, muy cerca de San Lorenzo, donde el presidente de la UD Las Palmas posee una finca con dos edificaciones que ya existían y estaban legalizadas cuando compró la propiedad. Vale, ¿y qué hizo entonces? Pues según la sentencia, reparar y levantar unos muros de contención de las cadenas agrícolas del interior de la finca, así como abrir un camino y dañar un número no determinado de ejemplares de flora silvestre protegida. ¿Delito?, sin duda. Pero ¿en grado máximo e irreparable? Veamos.