Era lo que le faltaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para enriquecer el legado dejado por el PP: que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le obligue a revertir a los propietarios originales la famosa parcela de la calle Pavía, la que sirvió para pagar la compra de El Confital en tiempos de Pepa Luzardo; la que sirvió para sacar a Unelco de la Cícer; la que sirvió para compensar a César Pelli por los desastres de La Gran Marina, y la que, en última instancia, provocó unas injustas e insidiosas insinuaciones contra Carmelo Padrón que, a la postre, forzaron su marcha. Dicen los entendidos que ahora sólo cabe indemnizar, porque devolver las cosas a su estado original, es decir, al momento en que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, otorgó uso residencial a una parcela que fue expropiada (en esto también hay controversia) para destinarla a uso deportivo, es prácticamente inviable.