Ese gol es, efectivamente, el de las dotaciones mínimas de los parques de bomberos repartidos por la isla de Gran Canaria. Cada vez que se pone un bombero enfermo y ha de ser cubierto ese mínimo que impusieron los trabajadores, el consorcio ha de llamar a un sustituto que cobra la nada despreciable cantidad de 500 euros por jornada. Lo que explica muy a las claras que hubiera que presupuestar, sólo para el concepto variable de los salarios, ese millón y medio de euros que los bomberos no quieren que se toque bajo ningún concepto. Pero, además de estas ventajas, la jornada ilegal de 24 horas permite a estos profesionales poder mantener bien atendidas sus academias de formación y sus otras actividades paralelas, para las cuales algunos incluso tienen fijada su residencia en la Península. Total, para los días que tienen que estar en Gran Canaria y teniendo en cuenta que la nómina está domiciliada, no es preciso ese sacrificio personal.