Cualquiera que tenga un poco de idea de urbanismo concluye rápidamente que las compensaciones obtenidas por Inprocansa en su parcela del canódromo fueron lesivas para el interés público. Dice Nardy Barrios que esa puede ser la solución al conflicto planteado tras la sentencia del TSJC que anulaba las dos torres: activar el procedimiento de lesividad tras valorar las compensaciones obtenidas por la parte privada y comprobando que fueron desmedidas para lo que a cambio obtuvo la ciudad. Dice la concejal que solamente con el suelo urbano regalado en Almatriche se superaría el valor de más de 30 millones que Realia, la actual propietaria del canódromo, reclama como indemnización. Pero, ¿qué pasa con Inprocansa? Porque fue esa empresa quien obtuvo las compensaciones y la que no pudo vender a Realia hasta que obtuvo las licencias ahora bajo sospecha penal. El culebrón se complica.