En todo este fregado llama poderosamente la atención lo que viene ocurriendo con el expediente abierto por la Agencia Tributaria contra la Dirección General del Tesoro canario, es decir, contra la Consejería de Economía y Hacienda de la nacionalidad. La presunta negativa de Amorós a que le hicieran comprobaciones dio lugar a que nunca se hicieran conciliaciones bancarias. En 2003 se vinieron a dar cuenta de que en el Banco de España había que pagar unas retenciones a la Agencia Tributaria por emisiones de deuda pública. Este organismo estatal abrió su correspondiente expediente por presentación voluntaria fuera de plazo, lo que ya ha supuesto un recargo de más de 200 kilos de los viejos, lo que supone que el principal puede superar los 1.200 millones de pesetas.