Todos los indicios apuntan a que la adjudicación decidida este miércoles de los servicios de seguridad de los edificios del Cabildo de Gran Canaria terminará en los tribunales. La Mesa de Contratación, tras una accidentada tramitación del asunto, decidió finalmente adjudicar ese contrato, de casi cinco millones de euros en los próximos dos años, a la empresa gaditana Serramar, aún en contra del criterio expuesto en un largo informe firmado por el jefe de los servicios jurídicos de la Corporación, Carlos Trujillo. La historia tiene muchos dobleces porque en ella se entremezclan episodios del pasado más reciente con recursos, dimes, diretes, sonadas ausencias y sospechas del más variado pelaje. La lectura de las actas de las reuniones de la Mesa de Contratación en las que se ha abordado este asunto arrojan algunas evidencias que nadie se atreve a poner en relación y a verbalizar públicamente.