Fue Guillermo García-Panasco, fiscal jefe de Las Palmas, quien en 2005 polemizó públicamente con su jefe máximo, Cándido Conde-Pumpido, acerca de la conveniencia de crear en las Islas Canarias dos delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción. A García-Panasco aquello le parecía excesivo, sobre todo a raíz de que Madrid designara para el puesto de delegado Anticorrupción para las islas al canario Luis Del Río y no al candidato por el que apostaba la conservadora Asociación de Fiscales, Demetrio Pintado. En una visita a Canarias en noviembre de aquel 2005, Conde-Pumpido se mostró contemporizador con su subordinado (la fiscalía tiene una estructura fuertemente jerarquizada) y se limitó a contestarle públicamente que aquella asociación tenía entonces “una información insuficiente”. El paso del tiempo dio la razón a quienes decidieron crear en Canarias esas dos oficinas de Anticorrupción, porque desde 2005 hasta la fecha han sido muchos y muy sonados los casos en los que ha tenido que intervenir, sin que podamos concretar cuántos se hubieran perdido en los inescrutables vericuetos de los archivos por falta de pruebas si no se hubieran creado. Desde entonces, la Fiscalía vive en Canarias una interesante contradicción interna, fruto quizás de aquella diatriba de arranque. Anticorrupción opera sin apenas medios y sumida en el más absoluto abandono, cuando no la incomprensión y hasta el vacío, mientras que la otra fiscalía, la que preside Vicente Garrido asistido por la derecha por Guillermo García-Panasco, se ocupa de cosas más mundanas, como por ejemplo que no le pisen las rayas del terreno de juego los que puedan poner en entredicho su autoridad y su ecuanimidad.