Desbarran los que, desde el Gobierno de Canarias, han pretendido presentar las investigaciones abiertas por el Ministerio de Fomento como un descabellado intento de reducir la subvención aérea a los ciudadanos canarios y baleares. Y desbarran quienes quieran vincular esto con la crisis económica y el generalizado recorte en todas las partidas públicas. Es más, el Ministerio de Fomento conoce los presuntos fraudes en el cobro de los descuentos aéreos desde 2008, y hasta ahora no se ha lanzado a actuar de manera contundente. Es más, tan solo en las últimas horas sus portavoces se han atrevido a pronunciar el nombre de alguna de las compañías investigadas, sin que estemos en condiciones de ofrecerles una razón de peso para una actuación tan tímida a la par que negligente. Quizás haya que encontrarla en la vinculación de Air Europa a varios ministerios españoles, en concreto Defensa o Interior, para los que actúa casi como transportista oficial. O en la conocida vinculación del empresario Miguel Concepción con el círculo más estrecho de Paulino Rivero, con quien el ministro José Blanco mantiene unas excelentes relaciones. Sin embargo, para disipar dudas, el presidente canario ya ha salido a proclamar públicamente que quiere una investigación en profundidad para que cada palo aguante su vela. Y Blanco tampoco parece querer quedarse atrás. Pero, ¿en qué consiste exactamente el presunto fraude denunciado? Porque hay una importante diferencia entre “fraude denunciado” y “fraude detectado o comprobado”. Veamos.