La abrumadora información sobre los Presupuestos del Estado ha eclipsado asuntos que estos días han formado parte de las conversaciones más repetidas entre los canarios. Por ejemplo, la drástica reducción en 65 millones de euros de la partida que ha de cubrir la subvención al transporte aéreo y marítimo para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Gobierno argumenta a su favor dos cuestiones, la primera, que con la crisis habrá menos usuarios y, por lo tanto, menos necesidad presupuestaria. Y dos, que existe fraude en el cobro de estas ayudas y que va a tratar de resolverlo. La invocación al fraude parece estar en el disparo fácil de los gobiernos del PP, pero lo cierto es que siempre termina por haber trampa. Por ejemplo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, disminuyó nada más llegar en un 50% los fondos para atención domiciliaria a mayores alegando que por lo menos la mitad de ellos no la necesitaban. No había ni un solo estudio que avalara tal aseveración, hasta el punto que el señor alcalde tuvo que tragarse sus propias palabras y reponer las partidas. Ahora dice el PP que va a perseguir el fraude en las subvenciones a residentes, por lo que no sería de extrañar que nos obliguen, como en la prehistoria, a tener que acudir a los ayuntamientos a que nos expidan el olvidado certificado de residencia. Y pagar una póliza por cada uno, ¿verdad? Hay que perseguir el fraude, si es que existe, pero hacerlo a costa de los que no defraudan vuelve a ser tan injusto como la mayoría de esta batería de medidas nacionales.