Pero no ha sido solamente la designación de Fernando Pérez como director del Museo de la Ciencia, ni las dificultades para pagarle, los únicos errores cometidos. Es que, además, hay división de opiniones acerca de la legalidad de su contratación, habida cuenta de que se trata de una fundación cuyos patronos son instituciones públicas. Hasta hace poco, las fundaciones en Canarias se regían por una ley general que igualaba a las públicas con las privadas, pero un decreto de Hacienda, emitido en tiempos de Mauricio, regulaba de modo especial las que estaban participadas por más de un 80% por instituciones públicas. El Museo Élder de la Ciencia y la Tecnología es cien por cien público, lo que obligaría a convocar la plaza de director por el muy transparente método del concurso con publicidad y libre concurrencia. Hay expertos que dicen que no es preciso, pero como nos hemos quedado con la duda, aquí queda planteado para que los que saben de leyes nos iluminen un poco más.