El director general de Deportes, Álvaro Pérez, va camino de cumplimentar una de las páginas más gloriosas de la historia de los despropósitos de la autonomía canaria. Primero montó aquel tremendo berenjenal a cuenta de una bandera con siete estrellas verdes (ay, mamá, bandera tricolor) que hizo instalar en su despacho. Luego quebró al equipo de la Dirección General por su empeño en trasmutar leyes y reglamentos a su antojo. Y ahora nos enteramos de que aquella famosa propuesta de sanción por contratar a un pensionista pasó a ser sanción firme. Y de 6.000 euros. Claro que no la pagará el director general sino la hacienda pública canaria. Ni la pagará Pepín Ruano, el mítico luchador que contrató Álvaro Pérez como asesor a pesar de que se encontraba cobrando una pensión. Que ésa es otra por la que se incoa el correspondiente expediente administrativo.