Desde un principio quedó claro que la opción ganadora iba a ser la UTE formada por Dragados, Fomento, Matías Marrero y Drace, aunque no fuera la más barata. Fue la opción que defendieron con uñas y dientes Luis Hernández y su equipo de la Autoridad Portuaria. A ellos se sumaron los funcionarios de Puertos del Estado, los sindicatos, el alcalde de Puerto del Rosario e Ildefonso Chacón, que hizo una encendida defensa de la bondad de esa oferta. En el lado contrario se posicionó clara y llamativamente la presidenta del Cabildo de Gran Canaria, María Eugenia Márquez, que pidió que se paralizara la adjudicación y que se dejara sobre la mesa. Reclamaba Márquez más estudios técnicos, más informes, etcétera, además de opinar que le gustaba más la opción de Sato-Satocan, que proponía un dique más ancho. A ella se sumó, con igual vehemencia, Juan José Cardona, que manejaba muchísimos datos acerca de la queja formulada por esa UTE, Sato-Satocan. Una de esas quejas, que Márquez y Cardona expusieron de manera muy bien documentada, se refería a la participación societaria cruzada que tienen empresas de dos de las uniones temporales. Concretamente Dragados y ACS, que concurría -esta última- en la tercera UTE, en la que estaba también Lopesan. El abogado del Estado y los funcionarios de la Autoridad Portuaria se posicionaron en contra de las tesis de Cardona, lo que, les podemos garantizar, no agradó nada al concejal, que tuvo que recordar a los funcionarios que se deben a la Administración central del Estado. La cosa se ponía tensa, como se podrán imaginar.