Todavía está calentita la Ley de Grandes Ciudades y ya sabemos de la primera víctima que va a tener en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la secretaria general de la Corporación, la abogada Ana María Echeandía, que sufrirá los rigores de una aplicación e interpretación muy particular de la nueva norma. Tan particular que hasta es posible que sus atribuciones y funciones se vean mermados en beneficio del oficial mayor del consistorio, que en el actual escalafón está por debajo de la secretaria general y la vicesecretaria. Son cosas que pasan en algunos lugares cuando los profesionales tratan de hacer eso precisamente, es decir, ejercer como profesionales sin desviarse lo más mínimo del tenor literal de la ley. Ana María Echeandía tuvo los santos bemoles de enfrentarse al grupo de gobierno del PP, con la alcaldesa al frente, en el feo asunto de la adjudicación de unos módulos de potabilización a la empresa Isolux, y han tardado poco en empezar a arrinconarla. Con este panorama que dibujan los que detentan ahora el mando, y los preceptos de la Ley de Grandes Ciudades, que fortalece el poder político, es para echarse a temblar.