El caso de Rosa Viera es aún más grave, si cabe, que el de Laura Suárez Botello, Montesdeoca o Jordán. Porque ni siquiera firmó el aval para que el ex director general de Patrimonio pudiera presentarse a presidente del PP grancanario. Su delito consistió en estar en el comité organizador del congreso insular de septiembre pasado y proponer un poquito de democracia interna. Por ejemplo, que se permitiera que el voto de los compromisarios fuera secreto y se evitara así cualquier tipo de represalia. Pues palo y tentetieso para la señora Viera también. Desde noviembre, cuando a ambas concejalas se les venció el contrato en el 1-1-2, están en el paro, y desde un poco antes se les retiró incluso el saludo en el seno del grupo municipal que lidera con ese arte Pepita Luzardo. La desconfianza entre todos ellos llega a tal nivel que ninguno de los concejales del PP llamados a entrar en la asamblea general de La Caja (Ángel Sabroso, Joaquín Jorge o Javier Checa) fueron siquiera propuestos.