Los mensajes no pueden ser más evidentes. Tras la consigna de “ha llegado el turno de los políticos”, el Gobierno de España y del PP ya ha puesto en marcha uno de sus propósitos más involucionistas: el regreso al centralismo madrileño. Porque cuando Soraya o PedroJota, su vocero oficial, claman por “la hora de los políticos”, lo que en realidad promueven, una con cierto disimulo y el otro con el cuchillo en la boca, es que se acabe lo que dan en llamar el derroche autonómico, el dislate de nacionalismos y autonomismos sin el control de la Villa y Corte. En el cóctel meten de todo, desde una disminución drástica y sin fundamento en el número de concejales, diputados regionales y consejeros de cabildos, hasta la abolición de los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas autonómicos. En definitiva, limitar la capacidad de representación de los ciudadanos y alejar de ellos las administraciones públicas para regresar al muy franquista método de la instancia con póliza de cinco duros y a esperar que te responda Madrid. Si Jerónimo Saavedra se tropezó al llegar al Diputado del Común con 25.000 quejas sin tramitar por su antecesor, por cierto, puesto por el PP, imagínense ustedes lo que podría suceder con esas 25.000 quejas canarias acumuladas a las que pueda recibir desde toda España la Defensora del Pueblo. El tapón podría seré de órgano, y ya se sabe cómo se resuelven los tapones de órgano en Madrid, haciendo un corte en la evaluación de la importancia que el mesetario de turno imponga a cada lote de quejas.