El Parlamento sabía desde el principio que la trama eólica fue obra de los hermanos Soria, pero los dos grupos mayoritarios de la Cámara, CC y PP, se confabularon para emitir unas conclusiones en las que se señalaba como responsable de aquella operación a un militante socialista que ni siquiera figura como acusado en el sumario judicial. No sólo lo sabían sus señorías, sino que disponían de documentación bastante para acreditarlo, y a pesar de eso personajes indignos de llamarse parlamentarios como Jorge Rodríguez (hoy imputado en la operación Faycán-rama Grupo Europa) y José Miguel Pelopincho González (el rey de la farmacia frita) se permitieron el lujo de parir unas conclusiones absolutamente alejadas de la realidad que, gracias a su condición de aforados, no son objeto de querella. Porque, lamentablemente, ellos pudieron mentir impunemente. A Francisco Cabrera se le obligó a acudir a la comisión, se le obligó a decir verdad, se le insultó en sede parlamentaria (sin que la presidenta de la comisión moviera un pelo de su bigote) y encima tuvo que sufrir una querella del ser más despreciable que ha pisado la sede de Teobaldo Power.