Ilegalizar el Partido Popular

Pablo Casado.

Traición, rendición, humillación, secuestro, golpe de estado, 155 duro, violencia, guerra civil… Los argumentos del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre Catalunya y sobre la gestión que sobre este conflicto está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están tratando de conducir el debate hacia una frontera: la que separa a los que defienden la Constitución Española de los que tratan de violentarla para “romper a España” y acabar con nuestro régimen de libertades. A ese debate, convenientemente salpimentado por la prensa afecta a los extremismos, se ha sumado la posibilidad de ilegalizar a aquellos partidos que no superen un examen de constitucionalismo cuyos límites están siendo impuestos precisamente por el partido que más ha vulnerado el texto constitucional en sus cuarenta años de historia, el PP.

La utilización que históricamente ha hecho el PP del Tribunal Constitucional para fines puramente estratégicos y electoralistas tiene en el caso catalán uno de sus mayores exponentes. Como es bien sabido, es su recurso contra el Estatuto de Catalunya y su correspondiente sentencia uno de los factores determinantes de la actual situación. El PP, generalmente en connivencia con el PSOE, ha utilizado los nombramientos en el tribunal de garantías (y, como veremos más adelante, en las altas instancias de los tribunales de Justicia) para rebañar resoluciones convenientes a sus fines políticos, siempre con una visión cortoplacista de cada uno de los litigios, de cada uno de los conflictos, es decir, no más allá de los cuatro años que dura una legislatura. Da igual que el asunto se enquiste o no en el Constitucional (caso de la Ley del Aborto) o que el resultado pueda resultar catastrófico para la misma unidad de España que pregonan solemnemente (caso del Estatuto de Autonomía de Catalunya), porque lo importante es el ruido, o más bien la escandalera, y conseguir el propósito de que de la confusión salga el rédito correspondiente.

Una de las últimas aportaciones de Casado al debate político que padecemos en España ha sido promover la ilegalización de aquellos partidos políticos que atenten contra la Constitución. O por ser más precisos, contra su artículo 2, el referido a “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. La ocurrencia trata de asociarla Casado a la Ley de Partidos Políticos, que solo contempla la ilegalización en el caso de comportamientos que conduzcan a la violencia. Lo que explica a las claras por qué el PP y sus mariachis mediáticos han hecho todo lo posible por que los fastos del 21 de diciembre en Barcelona tuvieran un marcado carácter violento. Algunos de los periodistas más adictos a esta tendencia ilegalizadora no pudieron reprimir sus deseos, como fue el caso de José Antonio Zarzalejos, que se enfrascó en Twitter en un efímero y sutil debate con el subdirector de La Vanguardia Enric Juliana a la hora de describir el grado de las hostilidades previas al 21-D.

Pero puestos a aplicar la plantilla que propone Pablo Casado, la de ilegalizar a aquellos partidos políticos que atenten contra la Constitución, cabría plantearse abiertamente ilegalizar directamente el suyo. Porque es más que probable que no exista sobre la faz hispana una formación política con mayor número de atentados contra la Carta Magna que el que preside con tanta negligencia verbal el señor Casado.

El inquieto presidente del PP no se refiere en ningún momento a sentencias del Tribunal Constitucional que tumben decisiones políticas de aquellos partidos que pretende ilegalizar. Sencillamente invoca comportamientos que a él particularmente le parecen merecedores de una condena.

Esa posición tan radical le permite que queden eclipsados comportamientos de los que su partido ha sido protagonista principal que, de haber sido protagonizados por otros partidos, constituirían para Casado causa directa de ilegalización.

Veamos algunos ejemplos:

  1. - Utilización de fondos reservados para encubrir delitos del PP. El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó fondos reservados del Ministerio del Interior para tratar de destruir pruebas que pudieran incriminar al Partido Popular en casos de financiación ilegal y de pago de sobresueldos a la cúpula de la formación con dinero opaco.
  2. - Creación de una policía política dedicada a trabajos sucios para incriminar ilegalmente a fuerzas políticas adversarias al Gobierno del PP, con la formulación de informes falsos convenientemente filtrados a medios de comunicación afines, particularmente OK Diario, y contraviniendo el artículo 104 de la Constitución.
  3. - Utilización de la Fiscalía, contraviniendo el 124 de la Constitución, para actuar ilegalmente contra instituciones catalanas en una actuación dirigida personalmente por el ministro del Interior, a la sazón Jorge Fernández Díaz, que se entrevistó en al menos una ocasión con el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya para maquinar una operación al margen de los tribunales de Justicia.
  4. - Manipulación del proceso de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (a tomar viento todo el Título VI de la Constitución) para colocar en la cúpula de los tribunales más decisivos (Tribunal Supremo y tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas) a magistrados afines que actúen en consecuencia con las personas aforadas. La filtración del WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Coisidó, en el que se evidenciaba la maniobra del nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Supremo, dejó en pelotas la estrategia, de la que fue partícipe el PSOE. Ambos partidos habían pactado el nombre de Marchena (ponente de la reforma de la LeCrim que tanto ha beneficiado al PP) antes de que fueran nombrados los vocales que lo debían elegir.

Pero, además de estas evidencias, el PP se ha tropezado a lo largo de la historia reciente con algunos revolcones especialmente llamativos propinados por el Tribunal Constitucional.

Ahí van algunos de esos casos:

  1. - La amnistía fiscal de 2012. El Tribunal Constitucional anuló en 2017 (cinco años después de proclamada) la amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, con la que 31.000 defraudadores fiscales que tenían ocultos fondos en el extranjero consiguieron blanquearlos al 3%, es decir, sin devolver lo evadido, y contraviniendo los principios constitucionales de la obligación de contribuir conforme a principios de igualdad y progresividad. “El método empleado” por el Gobierno de Rajoy “legitimó el fraude”, concluyó el Tribunal Constitucional. Mientras, el resto de españoles sufría una de las crisis más profundas e injustas de la historia en la que tuvimos que pagar un rescate bancario de más de 60.000 euros a fondo perdido.
  2. - Las tasas judiciales de 2012. Vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por la Constitución, el Gobierno del PP impuso tasas judiciales que a la postre venían a permitir el acceso a la justicia solo a las personas físicas y jurídicas con recursos. El Constitucional tardó otros cinco años en cargarse este atropello.

No ha sido la única modificación legal promovida por gobiernos del Partido Popular que sufren contestación por su dudosa constitucionalidad. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de la instrucción judicial alegando que se eternizaban en el tiempo (redactada, entre otros, por Manuel Marchena, el candidato del PP a presidir el Poder Judicial), especialmente pensada para las diligencias penales relacionadas con la corrupción, está demostrando haber sido promovida para dar facilidades a los cargos públicos implicados en asuntos turbios. El ejemplo más cercano lo hemos encontrado esta semana en el expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que la Audiencia Provincial ha absuelto precisamente por la prescripción propiciada por esa reforma legal del PP. Ya está tardando el beneficiario en reclamar que le pidan perdón los que lo acusaron de corrupto.

  1. - Ley de Costas de 2013. El Tribunal Constitucional anuló en 2015 algunos aspectos de la Ley de Costas del Gobierno de Rajoy por considerar que algunos de sus preceptos rebajaban la protección del litoral español. Una reprimenda que habría que poner en relación con la querencia popular a liberalizar todo tipo de suelo, como hizo Aznar en 1998 con una ley a la que muchos atribuyen el origen de la burbuja inmobiliaria al convertir en urbanizable cualquier tipo de suelo sobre el que no hubiera limitaciones. El Tribunal Constitucional la censuró parcialmente por haber vulnerado competencias autonómicas. Toda una premonición.
  2. - La estampida ante el Parlamento. Mariano Rajoy vulneró la Constitución Española al gobernar diez meses, diez, sin someterse al control parlamentario en 2016. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia de 23 de noviembre de 2018. Entonces alegaron los populares que, al tratarse de un Gobierno en funciones, tal obligación no les concernía.
  3. - Derechos de los diputados y diputadas. Hace tan solo unos días el Constitucional ha emitido otra sentencia en la que declara que el Gobierno de Mariano Rajoy vulneró los derechos de los diputados y diputadas al impedir el debate sobre una proposición de ley del Partido Socialista referida a pensiones no contributivas.

Es cierto que ante todo este ramillete de violaciones constitucionales el PP no ha empleado la violencia, como pretende atribuir a los independentistas catalanes; ni ha quemado cajeros bancarios, ni sacado los tanques a la calle, condición indispensable para proceder a su ilegalización en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Pero es que no le ha hecho falta para imponer su criterio porque ha empleado otro tipo de violencia, la institucional. La que se ejerce en nombre de la ley vulnerando derechos fundamentales con absoluta impunidad. Es lo que tiene ser un patriota constitucionalista que pide la ilegalización de los demás.

Sobre este blog

El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora

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Publicado el
23 de diciembre de 2018 - 10:41 h

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