Coincidimos con el Partido Popular en la necesidad de establecer una línea divisoria que diferencie a los denunciados de los imputaditos, de los imputados, de los acusados y de los que tengan “juicio oral abierto”. Porque, efectivamente, no es lo mismo que la presidenta del PP de Lanzarote presente una querella contra el secretario general del PSOE de esa isla por su gestión en los centros de arte y turismo del Cabildo, a que el cabeza de lista de los populares por La Gomera esté a punto de sentarse por segunda vez (“juicio oral abierto”) ante un tribunal del jurado para responder a una presunta malversación de fondos públicos. No es lo mismo, a mayor abundamiento, que el alcalde de Telde esté imputado por una denuncia de Guillermo Reyes por el caso Yrichen, a que la candidata del PP a la alcaldía de esa ciudad esté a punto de sentarse ante un tribunal del jurado (“juicio oral abierto”) para responder a sus imputaciones por el caso Faycán. Situación, dicho sea de paso, en la que también se encuentra el número ocho al Parlamento por Gran Canaria, el popular Jorge Rodríguez, alicatado hasta el techo. No hay ni un sólo imputado más en Canarias que esté en esas condiciones que impone e incumple de manera absolutamente descarada el Partido Popular canario.